Queda claro que no estamos ante un "colectivo de individuos que tienen problemas personales por su manera de ser", sino ante un sistema social discriminatorio, segregador y opresor, en el que hablar de igualdad de oportunidades debería sonrojar a más de uno. Por tanto, necesitamos un cambio sistémico en las políticas y en su sustrato ideológico, en la manera de mirar y valorar la diversidad humana en general y la diversidad funcional en particular. Ante tamaño desafío, no es suficiente pensar en políticas sectoriales y/o transversales, también hay que reflexionar y actuar sobre los dos elementos de socialización más potentes que existen; la cultura (muy especialmente la televisión) y la educación.
En alguna entrada anterior ya traté sobre la importancia de la educación inclusiva y de la creación de redes de conocimiento emancipador. Respecto a las leyes que deberían garantizar la educación inclusiva, el "Comité delos Derechos de las Personas con Discapacidad" de la ONU, en sus conclusiones sobre el informe presentado por España hace un par de meses, afirma que "el
Comité está preocupado por la aplicación de estas leyes en la
práctica, en vista de los casos de falta de plazas razonables, de la
segregación y la exclusión continua, de los argumentos financieros
utilizados como justificación para la discriminación,
y de los casos de niños matriculados en educación especial en
contra de los deseos de sus padres. El Comité observa con
preocupación que los padres que recurren la derivación de sus hijos
con discapacidad a centros de educación especial, no tienen ninguna
posibilidad de apelación y que su única alternativa es educar a su
propio costo, o pagar por el ajuste razonable de su hijo en el
sistema de educación regular", por lo que recomienda a España "Incrementar
sus esfuerzos para realizar los ajustes razonables en educación, la
asignación de recursos financieros y humanos suficientes para
aplicar el derecho a la educación inclusiva; prestando especial
atención a estudiar la disponibilidad de profesores con
cualificación de especialista; y garantizando que los departamentos
educativos de los gobiernos locales entiendan sus obligaciones bajo
la Convención y actúen en conformidad con sus disposiciones"
Esta grave situación deriva de causas estructurales, especialmente la tolerancia legislativa de una doble red educativa que segrega en función de las características personales del alumnado (artículo 74.1 de la LOE, artículo 81.4 de la LEC), y puede visualizarse con sangrante claridad en los casos concretos que recogen los informes de Solcom 2010 y 2011 y en el Libro rojo de la educación española.
Ante semejante panorama, resulta más que grato encontrar estos días en prensa una implicación de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, en favor de la educación inclusiva que hasta hace poco a mí me había pasado bastante desapercibida. Acepto que quizás fuese sólo falta de información por mi parte, pero en todo caso quería expresar hoy mi esperanza de que realmente estemos ante un compromiso sindical firme, claro y de largo recorrido en la apuesta por la transición hacia un sistema educativo inclusivo. Esa fue mi impresión al participar en las jornadas que FETE-UGT organizó recientemente en León. En educación, como en todo aquello que resulta fundamental para la igualdad, la justicia y la libertad, no valen medias tintas.
